Guía para entender el varapalo judicial americano a los aranceles de Trump

Diego Herranz - Colaborador de Asesores de Pymes externo a Cesce
 

La Administración Trump ha conseguido salvar ante el Tribunal de Apelaciones la dura resolución de otro juzgado de alta instancia, el de Comercio Internacional, que responde a las siglas USCIT en inglés que apenas 24 horas antes de la maniobra de la Casa Blanca para restablecer la vigencia de su escalada arancelaria, considerada ilegal por los jueces del USCIT por la inexistencia de una emergencia nacional que justifique las órdenes ejecutivas presidenciales. Un golpe de efecto de reacción inmediata sobre la que, hasta ahora, se califica como la mayor afrenta al brusco viraje de la política comercial de EEUU. 

La resolución de la corte comercial americana que se ocupa de dirimir los efectos globales de las medidas económicas que pueden atentar contra el libre tránsito de mercancías y servicios dejó, además, una argumentación lapidaria: una ley de emergencia, la Smoot-Hawley Act de 1930 que invocó Trump para justificar su escalada arancelaria no le otorga -dice el fallo- ninguna autoridad unilateral para imponer gravámenes a la importación a la práctica totalidad del planeta. 

La sentencia no lo recuerda, pero el Corporate Finance Institute, escuela de negocios enfocada a profesionales de banca -entre otros centros académicos y think-tanks- ha salido a la palestra y ha recordado que la Smoot-Hawley incrementó los aranceles de importación de alrededor de 900 productos hasta promedios del 40% y el 60%, con objeto de proteger a los granjeros y a las empresas estadounidenses. Pero, sin embargo, sus exigencias proteccionistas acabaron por dar la puntilla a la economía americana, agravar la Gran Depresión y sumir al país en la peor recesión de su historia reciente. 

Con estos antecedentes, la tregua del Tribunal de Apelaciones y la amenaza de la Casa Blanca de llevar este conflicto entre poderes federales americanos hasta la Corte Suprema, con mayoría 6-3 de jueces conservadores -en la que Trump tiene plena confianza de éxito- para conseguir vía libre permanente a su política comercial, conviene seguir una hoja de ruta para comprender los efectos de este varapalo judicial, que sume en mayor incertidumbre a los mercados de capitales y a las relaciones diplomáticas de EEUU con socios y rivales. 

1.- ¿Qué es el USCIT? Con sede en Nueva York, tiene jurisdicción sobre causas civiles surgidas de leyes aduaneras y de comercio internacional de EEUU y en su tribunal hay jueces designados por Ronald Reagan, Barack Obama y por el propio Trump, en su primera legislatura. Entre sus cometidos destaca la instauración de autos que impongan medidas cautelares o permanentes. 

2.- ¿Qué dice el fallo? Emite dos resoluciones. El primero, a instancias de la firma importadora de vinos neoyorquina VOS Selections y otras cuatro pymes y, el segundo, por doce estados de la Unión. De ambos se extrae una idea motriz -al imponer aranceles, cuya aprobación está a cargo del Congreso por mandato constitucional- y una fórmula ilegal; la invocación expresa de Trump a otra ley, la de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA), que otorga a los presidentes la autoridad para regular el comercio ante amenazas que puedan constituir una emergencia nacional. Una alusión que está en el origen de la escalada arancelaria actual por haber apelado a ella con sus primeras decisiones de elevar gravámenes a las importaciones de Canadá, China y México, y que volvió a implorar con los “aranceles recíprocos” que inauguraron el Día de la Liberación, el 2 de abril.

El tribunal da la razón a los demandantes y sus argumentos de que Trump carecía de tal poder y declara que la IEEPA no se la confiere, por lo que “anula los aranceles impuestos” por esta ley. 

3.- ¿Cómo afectará a la política comercial de Trump? El Tribunal de Apelaciones ha otorgado a su Administración un balón de oxígeno. Porque el USCIT dio 10 días a la Casa Blanca para hacer efectiva la orden judicial y ordenó retirar 4 de sus órdenes ejecutivas por ser “inválidas”, motivo por el que, además, “deben ser derogadas”. Se salvaron, entre otras, los aranceles del 25% al acero, el aluminio y los automóviles, a la espera de la investigación que cursa el Departamento de Comercio. Y le conmina a seguir esta pauta. El presidente tiene el poder de imponer ciertos aranceles cuando el Secretario de Comercio “encuentra que un artículo está siendo importado a EEUU en ciertas cantidades o bajo determinadas circunstancias que amenazan con perjudicar la seguridad nacional’” según la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

4.- ¿Qué efectos negociadores genera? El fallo amenaza con trastocar los diálogos bilaterales en curso, aunque Trump podría imponer nuevos aranceles “restringidos” si responden a algún “problema fundamental de pagos internacionales" que incluyen déficits sustanciales según la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Con autoridad para elevarlos hasta 15% durante un máximo de 150 días.

5.- As en la manga. La Big, Beautiful Act, proyecto de rebaja fiscal en trámite en el Congreso ha incluido entre sus más de 1.000 páginas, disposiciones que restringen la facultad de los jueces a dictaminar resoluciones contrarias a la labor ejecutiva presidencial.   

6.- Los analistas dan opciones a la Casa Blanca. Advierten de que la Administración Trump, muy probablemente recurrirá a otras vías para imponer aranceles. “Este fallo representa un revés para los planes arancelarios del gobierno y aumenta la incertidumbre, pero podría no cambiar el resultado final para la mayoría de los principales socios comerciales de EEUU”, asegura Alec Phillips, economista político jefe de Goldman Sachs.  

7.- Apelación y críticas a la Justicia. Solo minutos después del fallo del USCIT, Washington activó su estrategia ante el Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal en Washington y amenazó con elevarlo ante los 9 jueces de la Corte Suprema. “El golpe judicial está fuera de control”, advirtió Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca para política y asesor de seguridad nacional. “No les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional”, declaró Kush Desai, uno de los portavoces de la Casa Blanca.