05 jun 2025

EEUU persiste en gravar el acero y el aluminio

La Casa Blanca duplica al 50% los aranceles en plena reestructuración del sector metalúrgico en EEUU e implora a la seguridad nacional para justificar su política.

Diego Herranz - Colaborador de Asesores de Pymes externo a Cesce
 

El presidente estadounidense eligió un escenario emblemático para anunciar otra variante al alza de su frenética carrera arancelaria. En este caso, su visita a Pensilvania para acudir a la sede de la acerera US Steel le sirvió de escenario perfecto para avanza un incremento del 25% al 50% a las importaciones de este metal indispensable para numerosas industrias. Acto seguido, en su cuenta X amplió esta horquilla al acero, la dupla de productos metálicos que parece ir de la mano en materia arancelaria. Antes, sin embargo, dejó un aviso a navegantes: no cederá en su objetivo proteccionista. Lo hizo a propósito precisamente de US Steel, compañía que última su fusión con Nippon Steel y a la que Trump prometió que “seguirá siendo estadounidense” y que la “alianza” como la denominó para evitar hablar de compra japonesa de una histórica marca americana.

La carta que Trump podría jugar para evitar la irrupción de la multinacional nipona sería, según coinciden varios legisladores republicanos, la de establecer una acción de oro para que US Steel mantenga el control en manos estadounidenses. Es, desde luego, un constante anhelo del líder del Grand Old Party (GOP), que ya en campaña prometió a sus correligionarios que no permitiría que la acerera pasara a estar gestionada por el país del Sol Naciente. 

“No habrá despidos ni subcontratación y todos los trabajadores siderúrgicos estadounidenses recibirán pronto una merecida bonificación de 5.000 dólares”, declaró ante una multitud repleta de empleados de la compañía, temerosos, según los sindicatos, de que desde Japón se abrieran expedientes de regulación de empleo y rebajas en las condiciones salariales y de contratación futuras. De hecho, aseguró haber cumplido ya la promesa por haber “salvado” a US Steel, mayor fabricante de acero de EEUU con sede en Pittsburgh, al establecer aranceles del 25% durante su primer mandato. Sin mención alguna a la caída de ventas y beneficios de los últimos años. Pero recalcando que con el aumento al 50%, la supervivencia de la empresa está garantizada porque “ya no podrán superar esta barrera”. 

La fabricación de acero americano ha disminuido en los últimos años, al tiempo que China, India y Japón se han consolidado como los principales productores mundiales. Aproximadamente una cuarta parte del acero que se utiliza en EEUU lo adquiere del exterior; muy en especial de México y Canadá, con cuyos mercados ha asumido un alto nivel de dependencia. Con sus vecinos y con el acero Trump inauguró la escalada arancelaria a mercados y productos nada más jurar el cargo de su segundo mandato el pasado mes de enero. 

Pero el anuncio encierra otra maniobra política de gran calado. Porque lo hizo dos días después de que el Tribunal de Comercio Internacional de EEUU ordenara la suspensión de su declaración de hostilidad comercial. 

Sin embargo, la reacción de Trump fue bien recibida por los sindicatos del metal, que se alejan del criterio judicial de que los gravámenes al acero, el aluminio y los automóviles se emitieron invocando a leyes de seguridad nacional sin que haya emergencia de por medio y de la “errática” política comercial de la Administración republicana con la que los analistas del mercado evalúan la trayectoria de subidas indiscriminadas y rectificaciones constantes que ha implantado la Casa Blanca. 

“Trump está claramente decidido a utilizar cualquier vía disponible para aplicar aranceles como herramienta para, a su juicio, proteger e incluso reactivar la industria manufacturera nacional”, afirma Eswar Prasad, profesor de política comercial de la Universidad de Cornell. A pesar de que admite que “tener que aprobar el acuerdo final con Steel Nippon porque se trata -señaló Trump- de “una inversión transcendental y muy cuantiosa”. O de que ninguna de las dos compañías que están inmersas en el proceso de fusión ha emitido comunicado alguno que anticipe la estructura de propiedad asociada a la operación. 

Esta falta de transparencia podría deberse a que las empresas desconocen los detalles o dudan en subrayar que las partes están llevando a cabo una adquisición que el presidente señaló que bloquearía, aduce Stephen Heifetz, socio del bufete Wilson Sonsini Goodrich & Rosati a The New York Times. 

“El problema es que ambas empresas lo que están aparentemente dispuestas a acordar no es una inversión, sino una adquisición”, afirmó Heifetz, antiguo directivo del Comité de Inversión Extranjera en EEUU en el Departamento de Justicia. Aunque vaya contra los deseos del inquilino del Despacho Oval que coinciden con los de los trabajadores. El sindicato United Steelworkers viene rechazando de forma sistemática la venta de la emblemática compañía estadounidense al grupo japonés. “Permitir la venta de US Steel a Nippon, firma que ha infringido repetidamente las normas comerciales, será un desastre para los trabajadores siderúrgicos estadounidenses, para nuestra seguridad nacional y para el futuro de la industria manufacturera estadounidense”, destaca un comunicado de la central sindical que trataba de presionar a Trump para que dejara sin efecto el acuerdo empresarial. 

En otro, días antes de la visita a Pittsburgh, le recordaba que su opaca postura en torno a esta operación dejaba más preguntas que respuestas y que desconfiaban de que el grupo siguiera en manos de accionistas estadounidenses. “Nippon ha mantenido que solo invertiría en US Steel si fuera propietaria absoluta de la empresa y no hemos visto nada que invite a pensar que haya ya dejado de pensar lo mismo”. A este respecto, Trump les espetó que “va a llegar mucho dinero”, que sus trabajadores recibirán una bonificación de 5.000 dólares y que 2.200 millones de los 14.000 millones de dólares que Nippon Steel ha prometido invertir como parte del acuerdo se destinarían a aumentar la producción de acero. “Estaré vigilante desde Washington”, avanzó. 

No sin asegurar que se emplearán 7.000 millones de dólares en modernizar las acerías, ampliar la extracción de mineral y construir nuevas instalaciones en estados como Indiana, Minnesota, Alabama y Arkansas. 
 

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