01 jun 2025
La sección 899
El proyecto presupuestario de Trump, One Big, Beautiful Bill, que la Cámara de Representantes aprobó la semana pasada esconde una disposición poco publicitada que puede alterar la seguridad jurídica en el país y tener un fuerte impacto en los mercados y la industria estadounidenses.
La sección 899 del acuerdo permite al gobierno aumentar los impuestos sobre las inversiones y empresas de países que considera que tienen políticas fiscales punitivas. La medida afectaría a empresas extranjeras con sucursales en Estados Unidos, a empresas estadounidenses con propietarios extranjeros y a inversores extranjeros. Diversos analistas internacionales afirman que la medida podría disuadir la entrada de inversión extranjera en el país, añadir presión al dólar y debilitar la demanda de activos estadounidenses. Todo ello se produce en un momento en el que la confianza de los inversores en el país atraviesa un período de extremada fragilidad, mientras Estados Unidos continúa aumentando su dependencia en el capital extranjero para financiar su deuda.
│A vueltas con los aranceles
En un nuevo giro inesperado de los acontecimientos, la administración Trump ha sufrido su mayor revés legal y, con apenas 24 horas de diferencia, su mayor victoria, hasta la fecha. El pasado miércoles 28 de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional, decretó que los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense, amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), quedaban anulados. El Tribunal consideraba que realmente no existía una emergencia nacional extraordinaria que realmente justificase el uso de la ley. Esto afectaba a los llamados “aranceles recíprocos” que Trump anunció el “Liberation Day” y a los impuestos a China, México y Canadá con motivo del tráfico de fentanilo y el control de la frontera, respectivamente. Tras la apelación de la Casa Blanca, un tribunal federal acordó que las autoridades pueden mantener en vigor los gravámenes hasta que se aclare la disputa legal que, previsiblemente, acabará en el Tribunal Supremo donde 6 de los 9 jueces han sido nombrados por presidentes republicanos.