Fin de la tregua

Esta decisión deja sin vigencia todos los acuerdos de tregua con los grandes grupos armados ilegales, mientras el proceso con el ELN también permanece congelado. El Gobierno justificó la ruptura por repetidas violaciones del acuerdo por parte de las disidencias, responsables de ataques recientes contra civiles, como los registrados en Semana Santa en Cauca. Aunque se mantiene el canal de diálogo, el giro es evidente: se han intensificado las operaciones militares —que han aumentado un 70% en lo que va de año— y se han elevado las recompensas por los jefes criminales más buscados. Las autoridades acusan a estos grupos de actuar sin voluntad de paz, financiándose mediante economías ilegales como el narcotráfico y la minería. Esta ofensiva, sin embargo, ocurre en un escenario muy delicado, con unas fuerzas armadas debilitadas por la falta de personal y recursos, y en un contexto de creciente violencia en los territorios. La falta de resultados concretos, sumada al deterioro de la seguridad y al desgaste institucional, ha generado crecientes críticas al enfoque del Gobierno y aleja cada vez más la posibilidad real de una salida negociada al conflicto.