¿Qué es un seguro de protección judicial?

Carlos Sánchez - Colaborador de Asesores de Pymes externo a Cesce
 

Esta información se comparte en Asesores de Pymes por la relevancia para las empresas españolas. No necesariamente los productos y servicios que se recomiendan en este blog son ofrecidos por Cesce. Para conocer en detalle el portafolio de productos que ofrece la compañía, puede hacerlo entrando en cesce.es.
 

Un seguro de protección jurídica es una garantía que permite cubrir los gastos del sujeto que está asegurado y que se deriven de, por ejemplo, su participación en un procedimiento administrativo, arbitral o judicial, en el ámbito de la vida particular. Entre las principales garantías que ofrece una póliza de protección jurídica pueden estar el asesoramiento y la asistencia jurídica, la realización de los trámites de reclamación y defensa por la vía amistosa y judicial, la redacción de documentación pertinente al caso o, incluso, la asistencia extrajudicial que pueda derivarse de la cobertura del seguro.

En la actualidad, cualquier acto en el que una persona o entidad se involucra, aunque resulte cotidiano, puede requerir de asistencia profesional. Incluso, en el peor de los escenarios será necesario contar con el apoyo profesional de un abogado si existiera alguna controversia, por ejemplo, a la hora de firmar un contrato o pedir una determinada remuneración económica derivada de la prestación de un servicio. Por estas y otras razones existe el seguro de protección jurídica.

Un seguro de protección jurídica, que, en ocasiones, también puede recibir el nombre de seguro de protección legal, protege frente a cualquier problema legal que el asegurado pueda tener. Su principal razón de ser es la de salvaguardar el interés del asegurado ante las posibles controversias que puedan afectar lesivamente sus derechos. Por ello, una de las garantías más importantes que ofrece un seguro de protección jurídica es la de hacerse cargo de los gastos que pueda tener su cliente a consecuencia de un procedimiento judicial, arbitral o administrativo.

Gracias a un seguro de protección jurídica, el asegurado tiene el apoyo jurídico permanente sin coste económico añadido. Algo a tener en cuenta ya que, por regla general, un proceso judicial puede suponer una serie de gastos, como el del abogado, las costas judiciales o, llegado el caso, el abono de una fianza o el pago por los servicios de un notario.

¿Quién está cubierto por el seguro de protección judicial?

En realidad, un seguro de defensa jurídica puede cubrir tanto a una persona como al equipo de una empresa o a un determinado colectivo. Es decir, que una póliza de estas características puede contratarla desde un particular a una comunidad de vecinos, pasando por un profesional autónomo, una empresa o los trabajadores de un determinado colectivo.

Es importante tener presente que un seguro de defensa jurídica no tiene ninguna incompatibilidad con otra póliza de similares características. Es decir, que cualquier persona puede tener más de un seguro de protección jurídica.

¿Qué garantías están incluidas en el seguro de protección judicial?

Por regla general, un seguro de protección jurídica incorpora las siguientes garantías:

• Asesoramiento legal profesional.
• Potencial defensa jurídicas en procedimientos judiciales.
• Envío de formularios de reclamación si es pertinente.
• Análisis y revisión de contratos.
• Reclamaciones por posibles conflictos en contratos de suministros o derivados de la compraventa de bienes o servicios
• Casos de divorcio o de separación.
• Posibles lesiones en la vía pública o por el uso de un transporte público (también reclamaciones por retrasos en viajes en avión).
• Demandas por obras realizadas en la vivienda o por desperfectos en el hogar.
• Problemas con los vecinos en una comunidad de vecinos.
• Cabe reiterar que cualquier póliza de protección jurídica incluye en su contrato los límites de los gastos cubiertos previstos.